La evaluación psicológica es uno de los procesos aplicados más importantes que hoy en día desempeñan innumerables profesionales en el área como parte de su práctica profesional. En un contexto general, y de acuerdo con la literatura científica reciente, puede decirse que la evaluación cuidadosa es una parte indispensable de la práctica basada en la evidencia.

Asimismo, la realización de los procesos de evaluación tiene lugar en prácticamente todas las ramas de la psicología, dado que constituye el vehículo a través del cual, siguiendo los principios del método científico, se realiza la aplicación de diversas técnicas y metodologías a casos particulares que hacen parte del quehacer profesional del psicólogo.

Sin embargo, y especialmente en el caso de la psicología forense, la buena praxis en la evaluación psicológica requiere de la adquisición y desarrollo de una serie de competencias (tanto generales como específicas), que permitirán al profesional en psicología la formulación de opiniones científicas provistas de (entre otros) validez, fiabilidad, pertinencia y utilidad, de manera que su experticia pueda influir positivamente en la toma de decisiones en el contexto legal. Asimismo, este proceso implica la necesidad de conocer los aspectos de carácter ético o deontológico y la “buena práctica” de la psicología forense, que permitan dar respuesta a las demandas del sistema jurídico de la manera más adecuada y científica posible.

Por ello, esta asignatura persigue el objetivo central de profundizar en el conocimiento, manejo, análisis e interpretación de algunos de los instrumentos psicométricos que suelen utilizarse en la práctica de la Psicología Forense.

La Psicología Forense comprende una variedad de temas relativos al asesoramiento psicológico en el contexto legal o, en palabras de Emilio Mira en su Manual de Psicología Jurídica (1932), «la psicología aplicada al mejor ejercicio del derecho». Fundamentalmente son tres las jurisdicciones en las que el profesional de la psicología forense desempeña su labor científico-técnica de evaluación y asesoramiento a los tribunales: la penal, la civil y la social o laboral.

Al margen del Derecho de familia, que ocupa una amplia rama del Derecho civil y que en nuestro país recientemente reclama la creación de una jurisdicción especializada, nos centraremos en las otras causas de tipo civil y social.

Así pues, esta asignatura titulada Pericial Psicológica en la Jurisdicción Civil y Social tiene como objetivo general conocer los diversos asuntos que pueden motivar una evaluación psicológica forense en el terreno civil, así como laboral o social. El alumnado atenderá las bases legales de este tipo de presupuestos, como el Código Civil o normas concretas en materia de discapacidad y/o el trabajo y sus riesgos psicosociales. Desde un punto de vista más específico, la asignatura profundiza en el proceso de evaluación psicológica forense para la elaboración de este tipo de periciales, con casos concretos relacionados con la discapacidad, las incapacitaciones civiles, las medidas de complemento a la capacidad personal, la capacidad de obrar, las bajas y enfermedades laborales por causa psicológica, el fenómeno del acoso laboral, las incapacidades laborales, la emancipación de los menores, entre otros ejemplos. Todo ello atendiendo siempre a las bases de la obtención del conocimiento y la información mediante la práctica basada en la evidencia y los principios deontológicos que deben presidir toda práctica forense.

En esta asignatura, profundizaremos en las actuaciones periciales que tienen como principales protagonistas a los menores: niñas, niños y adolescentes (NNA), y en ilustrar cómo desarrollarlas siguiendo los procedimientos más cualificados, basados en la evidencia y en las guías de buenas prácticas. Siempre de acuerdo con el principio rector del «mejor interés del menor». Es decir, aplicando la perspectiva de infancia que busca anteponer las necesidades e intereses de los NNA por encima de las de los adultos, incluidos las de sus propios progenitores.

Como marco general, hablaremos de los menores en tres contextos:

• Divorcios contenciosos o cese de convivencia de sus progenitores.
• Como sujetos susceptibles de protección (administrativa o penal-víctima).
• Como infractores (penal-victimario).

Cada contexto tiene su regulación normativa y veremos cómo los psicólogos desarrollamos funciones específicas en cada contexto.

Inicialmente, hablaremos de las intervenciones que podemos desarrollar en el ámbito administrativo cuando se detecta riesgo psicosocial, desamparo o negligencia. Posteriormente, profundizaremos en el ámbito judicial donde más solicitudes de valoraciones periciales se realizan y al que, consecuentemente, dedicaremos más temas. Dentro del ámbito judicial, podemos intervenir en:

• Jurisdicción civil-familia: si tras la ruptura de pareja y el cese de convivencia de los progenitores no hay acuerdo sobre el tipo de guarda y custodia. Si tiempo después de la separación se producen solicitudes de modificación de las medidas. Si se pide ejecución de sentencia en casos de incumplimientos. En incidentes de controversias (en aspectos educativos, de salud, cambios en la localidad de residencia de uno de los progenitores, etc.).
• Jurisdicción penal: cuando debemos peritar casos donde los NNA han podido ser víctimas de abuso sexual o malos tratos y se solicita la valoración de la credibilidad de sus relatos. Por último, también tendremos en cuenta, cuando los menores son los infractores, los procedimientos que se dirimen en los tribunales de menores.